La exclusión social, por Guillermo Orsi

Jueves 17 de Marzo de 2011 

Si algo caracteriza al subdesarrollo es la actitud excluyente de sus clases dominantes. Causa y efecto, la exclusión social se consolida al paso del tiempo y contraviniendo toda normativa, por bienintencionada que sea.

La Argentina no es una excepción. Y su historia lo demuestra. Nacida como nación hacia mediados del siglo diecinueve, tras la batalla de Caseros y con la promulgación de una Constitución inspirada –ya entonces- en la de los Estados Unidos de Norteamérica, el proyecto político y económico se nutrió con la llamada “conquista del desierto”, campaña militar de ocupación y exterminio de las poblaciones nativas, al cabo de la cual millones de hectáreas fueron incorporadas al patrimonio de las clases dominantes.
El primer centenario, en 1910, se celebró a toda pompa. La Argentina ya era lo que luego sería: un “país estancia”, regido por capataces y explotado por sus patrones, bajo el marco de una democracia amañada por recurrentes golpes de estado, cada vez que algún gobierno de los que hoy llamarían “populistas” pretendía implementar algún tímido proceso de redistribución de la riqueza.

Primero el radicalismo irigoyenista y luego el peronismo fueron oportunamente desalojados del poder –que habían alcanzado con el voto popular. Al peronismo se lo calificó como dictadura –lo que hoy se replica en la prensa internacional con el gobierno de Hugo Chávez, en Venezuela– y, producido su sangriento derrocamiento en 1955 –con centenares de muertos en las calles, durante el bombardeo del 16 de junio–, un decreto de la autodenominada “revolución libertadora” prohibió nombrar a Perón. La prohibición, lejos de ser removida durante los gobiernos civiles que se sucedieron, se mantuvo vigente hasta 1973.
La utopía revolucionaria que levantó la juventud de entonces –desde diversos sectores y partidos políticos, organizaciones populares de toda clase y no exclusivamente los grupos armados minoritarios que servirían de excusa para desatar luego el terrorismo de estado– se iría apagando en los campos de concentración de la dictadura instalada a partir de 1976. Cuando, vencida la Argentina en su aventura militar en Malvinas, volvió la democracia, ya el mundo estaba en un acelerado proceso de cambio, cuyo clímax se produjo con la caída del Muro de Berlín, en 1989. Se anunció entonces “el fin de la historia”. Surfeando sobre esa ola del capitalismo en triunfo y al calor de la crisis de la deuda externa que se llevó puesto al gobierno radical de Raúl Alfonsín, el menemismo triunfante desmanteló al estado.

Una vez más el entusiasmo excluyente golpeó sobre toda política progresista. Desarticuló la educación pública que desde el siglo anterior había sostenido la nación, entregándola a provincias y municipios devastados por las crisis. Lo mismo sucedió con la salud. Los ferrocarriles dejaron de funcionar y hasta se levantaron rieles para vender el acero y los durmientes de quebracho, se liquidó la petrolera estatal, las compañías de telecomunicaciones y la aerolínea de bandera, se evaporó el ahorro de los trabajadores entregando la seguridad social a manos privadas, se regalaron los medios audiovisuales a los grandes propietarios de la prensa, se indultó a los genocidas.

Es un lugar común culpar al gobierno siguiente por la crisis de 2001, el corralito y sus muertos en las calles durante las movilizaciones populares de diciembre. La ineptitud de Fernando De la Rúa no lo disculpa ni empequeñece su responsabilidad, pero el país que aceptó gobernar había sido convertido en una trampa cazabobos. La explosión era inevitable.
La devaluación de la moneda argentina y del conjunto de la ciudadanía –la pobreza trepó en 2002 a más de la mitad de la población– abrió una nueva oportunidad para que el poder real hiciera su agosto. Presidentes de un día o de una semana antecedieron a la experiencia del peronista Duhalde –ideólogo y gestor, aunque no el único, de planes que hoy caracterizaríamos como destituyentes. Al cabo de poco más de un año, a Duhalde le dieron a probar su propia medicina, con los asesinatos policiales de los piqueteros Kostequi y Santillán, en Avellaneda. Hubo elecciones urgentes y, créase o no, en primera vuelta volvió a ganar Carlos Menem.
Pero 2003, año de las elecciones, ya quedó muy lejos de aquel 2001 en el que se derrumbaron las Torres Gemelas de Nueva York y el sueño de una Argentina del primer mundo. Menem renunció al desafío de una segunda vuelta que, con el peronismo en contra, le habría significado una humillación para la que, tras una década de poder casi absoluto y de endiosamiento por parte de las clases dominantes, no estaba preparado.

Y apareció en escena Néstor Kirchner, gobernador de una remota provincia del sur profundo, despoblada y árida, con menos habitantes que cualquier ciudad mediana de provincia. ¿Quién conocía a Kirchner? Duhalde, ya que él lo eligió virtualmente a dedo. Duhalde sabía que si algo caracterizaba a Kirchner –y a su esposa- era la capacidad de acumular poder y defenderlo.
Planes perfectos suelen fracasar en su implementación. Kirchner hizo lo que se esperaba de él, acumular poder y ejercerlo. Su esposa, sucesora en una curiosa democracia con veleidades monárquicas, enfrentó a su turno a esa misma clase dominante ensoberbecida por el éxito de sus políticas de exclusión social y subdesarrollo secular.
La lucha tuvo su despegue con el conflicto por las retenciones agropecuarias, desatado a pocos meses de iniciado el mandato de Cristina Fernández. La escalada posterior, incluido el enfrentamiento con el grupo Clarín, es parte de esa larga batalla por el poder, en una sociedad que no ha resuelto aún sus problemas básicos.

La exclusión social que caracteriza al subdesarrollo sigue vigente. La utopía de los ´70, su secuela de represión salvaje y el ciego liberalismo de los ´90 son los fundamentos de una historia de violencias y esperanza, en un continente que recién en el siglo 21 parecería estar preparándose y uniéndose para crecer en paz, ser menos injusto e intentar ser libre de verdad. 
No se llegará a ese anhelado objetivo sin conflictos. Los intereses que se oponen al desarrollo armónico de las naciones son muy poderosos y no dependen de que un gobierno sea reemplazado por otro, aunque la democracia y un proyecto de nación para todos sean indispensables.

Depende, sí, de nuestra lucidez y coraje. De nuestra capacidad de compromiso y de que nunca, y bajo ninguna circunstancia, el precio de ser libres nos parezca demasiado alto. 

 Revista Question

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