Lunes, 14 de agosto de 2006

BONIFACIO DE LA CUADRA
EL PA?S 31-07-2006


La avalancha de informaci?n y de an?lisis sobre los fen?menos migratorios suele olvidar o dejar de lado que en la entra?a de esa decisi?n individual de, por ejemplo, embarcarse en un cayuco y poner rumbo a Europa desde el ?frica subsahariana, late, aun sin saberlo a ciencia cierta el protagonista, el ejercicio de un derecho fundamental que se enmarca en el m?s amplio de la autodeterminaci?n de la persona: el derecho de todo ser humano a circular libremente por el mundo y a que su ciudadan?a universal sea respetada.

El monje espa?ol Francisco de Vitoria defendi? el derecho de cualquier
persona, por su condici?n humana, a emigrar y a permanecer pac?ficamente en el territorio al que emigra. En pleno siglo XVI, con el descubrimiento de Am?rica todav?a reciente y presente, Vitoria vincul? el derecho a la libre circulaci?n de todo hombre por cualquier parte del mundo con la sociabilidad y comunicabilidad humanas, as? como con la radical igualdad y dignidad de los hombres.

No es extra?o, pues, que un estudioso del padre Vitoria, el catedr?tico
de Derecho del Trabajo Antonio Marzal, ya fallecido, pusiera en contraste,
durante las III Jornadas sobre Derechos Humanos e Inmigraci?n celebradas en
Motril (M?laga) en 2004, esa concepci?n humanitaria del derecho a la
libre circulaci?n con "el no-derecho de los inmigrantes a entrar en la
fortaleza excluyente y orgullosa del Estado moderno", as? como con la realidad de que la entrada, residencia y trabajo se decida mediante "un acto administrativo discrecional, al que se reduce ese eventual derecho (...), siempre dependiente del benepl?cito del Estado de acogida".

En la misma l?nea, el jurista italiano Luigi Ferrajoli, en su obra Derechos
y garant?as, la ley del m?s d?bil (editorial Trotta, p?gina 117),
argumenta que Occidente, tras "haber invadido (...) el mundo entero",
actualmente, deber?a "tomar en serio (...) transformar en derechos de la persona (...) el derecho de residencia y el de circulaci?n en nuestros privilegiados pa?ses".

La propia Declaraci?n Universal de Derechos Humanos, proclamada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948,
establece en su art?culo 13: "1.- Toda persona tiene derecho a circular
libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2.-
Toda persona tiene derecho a salir de cualquier pa?s, incluso del propio, y
a regresar a su pa?s". Cierto es tambi?n que la mayor?a de textos de
derechos humanos o constitucionales ulteriores han reducido la libre circulaci?n al ?mbito del Estado o conjunto de Estados concernidos (caso de la nonata Constituci?n de la Uni?n Europea -UE-) y han circunscrito su ejercicio a los ciudadanos estatales o europeos o a los extranjeros que residan legalmente.
Una serie de circunstancias y conveniencias, anudadas todas ellas a una
democracia fuertemente vinculada al Estado-naci?n, permite hoy a los
Gobiernos, o a la propia UE, desplegar pol?ticas de controles de
fronteras, que recortan los derechos de millones de personas, en el contexto de una globalizaci?n neoliberal que, en cambio, expande e institucionaliza la emigraci?n de las empresas y los capitales. Pero incluso una eventual organizaci?n de los flujos migratorios, o la fijaci?n de cupos temporales de emigrantes africanos para trabajar en los pa?ses europeos, deber?a contemplarse como la restricci?n de un derecho humano, no como una modalidad de la concesi?n graciosa y discrecional de la entrada de "los otros" en nuestro territorio.

En Espa?a, la remisi?n que hace el art?culo 10 de nuestra Constituci?n
a que "las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades
(...)se interpretar?n de conformidad con la Declaraci?n Universal de
Derechos Humanos...", as? como a que "la dignidad de la persona" y "el libre desarrollo de la personalidad" son "fundamento del orden pol?tico y de la paz social", configura un alto techo jur?dico para que el legislador,
en caso de tener voluntad pol?tica, ampl?e los derechos de los inmigrantes.

Un paso m?s en la deseable consideraci?n de los inmigrantes como ciudadanos del mundo exigir?a el reconocimiento del derecho de participaci?n pol?tica,
y espec?ficamente el derecho al voto que, no se olvide, sigue denomin?ndose
sufragio "universal". En este punto, los Estados -y tambi?n la UE-vinculan
la soberan?a al voto de sus ciudadanos, y cierran el camino a la participaci?n electoral de los inmigrantes extraeuropeos, que forzar?a
iniciativas pol?ticas comprensivas y avanzadas con esos seres humanos.

La Constituci?n espa?ola especifica en su art?culo 13 que "solamente
los espa?oles" ser?n titulares de ese derecho, con la excepci?n del derecho
a votar en las elecciones municipales. En 1992, la primera reforma de
nuestra Ley Fundamental ampli? aquella excepci?n, de modo que el votante
extranjero pueda tambi?n ser votado en dichos comicios. Por el momento, la reforma constitucional s?lo ha afectado a los residentes europeos, pero el
legislador podr?a extenderla a otros extranjeros y a otras elecciones,
como ha defendido el coordinador del Aula de Migraci?n del Colegio de
Abogados de Madrid, Fernando Oliv?n (Otros?, abril de 2006).

Junto a los episodios de desesperaci?n y de muerte que nos depara a diario
la lucha de los inmigrantes por mejorar su horizonte vital, hay sectores de
la sociedad razonablemente sensibles. Lo ha explicado con claridad el II
Foro Mundial de las Migraciones, con representantes de 1.193 organizaciones
altermundialistas pertenecientes a 84 pa?ses, reunido en Rivas-Vaciamadrid
(Madrid) del 22 al 24 de junio ?ltimo: "La ciudadan?a universal es una
necesidad para los procesos de convivencia. Todas las personas que llegan a
un nuevo pa?s deben tener todos los derechos que son inherentes a la
condici?n de ciudadano, sin vincularse a la nacionalidad, incluido el voto".



Tags: Ciudadanos del mundo

Publicado por carmenlobo @ 11:56  | ART
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